lunes, 31 de octubre de 2011

RedgedapS

RedgedapS

nueva guia arteriopatia periferica

Nueva Guía para el manejo de la enfermedad arterial periférica de la /AmericanHeart Association

Nueva Guía para el manejo de la enfermedad arterial periférica de la /AmericanHeart Association

Se ha publicado la actualización de la Guía de Práctica Clínica (GPC) de la American College of Cardiology Foundation/AmericanHeart Association sobre el manejo de los pacientes con enfermedad arterial periférica (EAP). Dicha actualización se refiere a una anterior del 2005 y está estructurada por apartados que van desde los métodos diagnósticos al tratamiento de la misma. Desde el índice tobillo/brazo -ITB- hasta la utilización de antiagregantes plaquetarios. Se hace especial mención en la utilización del ITB como prueba diagnóstica pero también de cribaje para detectar precozmente a los pacientes susceptibles de intervención. La definición que se propone tienen que ver con lo publicado en el Ankle Brachial Index Collaboration, según este el rango de 1,00-1,40 sería considerado como normal, entre 0,99-0,91 serían considerados “borderline” e inferior a 0,90 sería patológico. Por otro lado superior a 1,40 indicaría que no existe compresión sobre el lecho arterial.
Se recalca que el cese del hábito tabáquico es fundamental en el tratamiento de la EAP en donde se recomienda el tratamiento farmacológico del mismo. Un tratamiento que muestra éxitos que van desde el 16% al año en la terapia sustitutiva con nicotina al 30% con el bupropion en el cese del hábito tabáquico.
Se aborda el tema de la antiagregación y la EAP en base a 5 ECAs y un metanálisis publicados. Se señala que en 2 ECAs con pacientes asintomáticos captados por cribado, la aspirina (AAS) frente al placebo no se encontraron beneficios en la EAP. Sin embargo, en otros como el CLIPS (Critical Leg Ischemia Prevention Study) con pacientes con EAP avanzada, o sea con síntomas e ITB inferiores a 0,85, se alcanzaron reducciones significativas en los eventos isquémicos cardiovasculares en aquellos que tomaban AAS. La dosis según leemos ha sido modificada de 75 a 325 mg según los últimos estudios. El clopidogrel sigue manteniéndose como una alternativa a la aspirina desde la GPC del 2005. Desde el estudio CHARISMA (Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management, and Avoidance) apuntan la posibilidad de la combinación de ambos fármacos en pacientes con EAP de alto riesgo en ausencia de riesgo de hemorragia.
En cuanto a los anticoagulantes el WAVE (Warfarin Antiplatelet Vascular Evaluation) cuestiona la asociación de antiagregantes con anticoagulantes en pacientes con EAP para la prevención de eventos CV. Concluyen que no está todo dicho en este capítulo y que se necesitan más estudios a largo plazo en pacientes con EAP evolucionados. Por otro lado, no han examinado la eficacia de fármacos más nuevos del tipo prasugrel, ticagrelor, vorapaxar, por falta de suficientes ECAs.
Por lo que vemos no existen novedades dignas de mención, aunque la actualización dado el tiempo transcurrido era necesaria.

2011 ACCF-AHA Focused Update of the Guideline for the Management of Patients With Peripheral Artery Disease (Updating the 2005 Guideline)
A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines

lunes, 24 de octubre de 2011

Nuevos anticoagulantes

El Ministerio de Sanidad ha aprovado la indicación de Pradaxa- Dabigatran – para la prevención de la embolia cerebral, primer paso para la substitución de Sintrom.

http://www.msc.es/gabinetePrensa/notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=2230
Hemos leído publican una alerta sobre el riesgo de hemorragia gastrica en pacientes con edad avanzada que es interesante para decidir su utilización en nuestras consultas.

http://www.hemosleido.es/?p=1169

sábado, 22 de octubre de 2011

Consecuencias del colapso judicial | ESTUDIO ACADÉMICO SOBRE EL FUTURO DE LA SANIDAD PÚBLICA
El copago sanitario castigaría a los pobres y a los enfermos crónicos
Profesores del IESE proponen eximir de tasas médicas a la población vulnerable
Sábado, 22 de octubre del 2011 Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto
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ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

una hipotética aplicación en Catalunya, y en el resto de España, de una tasa que obligase a pagar de forma indiscriminada 10 o 15 euros por acudir al servicio de urgencias de un hospital, al médico de familia del CAP o al canjear una receta de fármacos conseguiría reducir el uso de los servicios sanitarios y, de forma general, no alteraría la salud de la población, excepto para los sectores más empobrecidos de la sociedad y los enfermos crónicos que necesitan actualizar su constante medicación. Esta es una de las conclusiones del estudio desarrollado por tres profesores de la escuela de negocios IESE, de Barcelona, que proponen estructurar, si llega el caso, tasas que se adapten al nivel de renta y situación personal de los usuarios.

Más información

Pleitos por valor del 20% del PIB catalán, atascados en los juzgados

Tags: Sociedad

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Información publicada en la página 37 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 22 de octubre de 2011 VER ARCHIVO (.PDF)

Los sectores vulnerables de la sociedad deberían quedar exentos del copago, o abonar tasas inferiores a las del resto, concluye la investigación de los profesores Núria Mas, Laia Cirera y Guillem Viñolas. El estudio confirma que el copago no tiene sentido si su objetivo es financiar el sistema sanitario -«para eso, hay que subir los impuestos», afirma Mas- pero puede resultar eficaz, dice, si busca disuadir a aquellos ciudadanos que, «al ser todo siempre gratuito», utilizan los servicios de forma abusiva.

LA MAYORÍA / El trabajo analiza los copagos sanitarios que se aplican en Europa (los tienen todos los países excepto Grecia, Gran Bretaña y España) y advierte del riesgo de que al disuadir de la visita médica, los ciudadanos prescindan en primer lugar de los controles preventivos del cáncer -las mamografías-, las revisiones de los niños, la hipertensión o el colesterol, programas que tratan de evitar dolencias graves que no están causando dolor cuando se aplican. En consecuencia, sugieren no incluir en un eventual copago los programas de prevención.

«El copago solo puede aplicarse en las situaciones en que el ciudadano toma la decisión de ir al médico: en los centros de asistencia primaria, en los servicios de urgencia y en el consumo de fármacos -explica Mas-. Pero el usuario no es un experto en salud y si tiene problemas económicos puede tomar decisiones erróneas y perjudiciales». Consideran inapropiado fijar tasas sobre la comida de los hospitalizados.

En caso de decidir un copago, proponen optar en primer lugar por aplicarlo en las urgencias de los hospitales, unos servicios objeto de frecuente mal uso. Desaconsejan aplicar tasas solo en la visita a los CAP, ya que haciéndolo aumentaría la demanda en los hospitales. Estas medidas, alertan los investigadores, deberían ir acompañadas de un profundo cambio en la organización del sistema sanitario. Los estados con tradición en el cobro de copagos sanitarios, explicaron, disponen de sistemas de salud eficaces. En Suecia se paga entre 15 y 25 euros por visitar al médico de familia. Francia aplica una tasa variable.

Wiley Online Library: Book Abstract

Wiley Online Library: Book Abstract

cochrane eficacia vacuna antigripal en sanos

efectividad vacunas

http://www.slideshare.net/rafabravo/vaccines-forpreventinginfluenzaclinical-9798854

coste efectividad vacunas en USA

Perspective

The Role of Cost-Effectiveness in U.S. Vaccination Policy

Jane J. Kim, Ph.D.
October 19, 2011 (10.1056/NEJMp1110539)

Article
References
Vaccination policy is driven by several factors, including vaccine safety and efficacy, avertable disease burden, acceptability, and societal value. One measure of value is an intervention's cost-effectiveness, defined as the additional cost required per additional unit of health benefit produced as compared with the next-most-effective alternative. It is important to differentiate cost-effectiveness (value for money) from affordability (financial resources required); indeed, interventions with high value may not always be affordable. Although information on the cost-effectiveness of health interventions is increasingly being used in health policy globally, the extent to which this information influences decisions varies by country. For example, the governments in Britain and Australia explicitly and routinely incorporate findings from cost-effectiveness analyses into coverage and reimbursement decisions; in contrast, in the United States, it has been essentially taboo for anyone in the public sector to refer explicitly to cost as a factor in health decisions. One exception is the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), an independent expert advisory board that formally includes cost-effectiveness among the types of evidence it considers when making vaccine-policy recommendations to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The ACIP strives to be transparent and balanced, inviting perspectives from stakeholders ranging from scientists to patient groups, and tries to harmonize its recommendations with those of professional organizations, such as the American Academy of Family Physicians and the American Academy of Pediatrics.
Historically, ACIP recommendations have influenced coverage decisions by both private and public insurers. Through a separate process, the ACIP also determines what vaccines are to be covered by the federal Vaccines for Children (VFC) program, which covers children who are Medicaid-eligible, uninsured or underinsured, or American Indians or Alaska natives up to the age of 18. With nearly 50% of U.S. children eligible for VFC coverage,1 the ACIP faces dual pressures: it must maximize underserved children's access to vaccines while selecting vaccines that provide the most bang for the buck. This pressure will increase with the rollout of the Affordable Care Act, which mandates coverage of all ACIP-recommended childhood immunizations.
With low cost and high efficacy, many vaccines are estimated to be cost-saving — the up-front expenditure for vaccination is entirely offset by costs averted through disease prevention. However, newly licensed and expensive vaccines, such as those against human papillomavirus (HPV, the virus causally linked to cervical cancer) and meningococcal disease, are being considered for use in ways that raise questions regarding their overall public health value as estimated in cost-effectiveness analyses.
In late October, the ACIP is expected to vote on routine HPV vaccination in boys and young men and to discuss meningococcal vaccination in infants, including its cost-effectiveness. Since 2007, routine HPV vaccination has been recommended for girls 11 to 12 years of age (and as early as 9 years), with “catch-up” vaccination recommended up to the age of 26, despite evidence of rapidly diminishing marginal returns and decreasing cost-effectiveness after 21 years of age.2
After the Food and Drug Administration (FDA) approved the quadrivalent HPV (HPV4) vaccine for males in 2009, the ACIP voted for “permissive” — but not routine — use of it in boys and men 9 to 26 years of age for prevention of genital warts. Despite this less enthusiastic stance, the ACIP voted in favor of VFC coverage for eligible males 9 to 18 years of age. The committee was persuaded not to recommend routine male HPV vaccination in part by evidence that it may not be cost-effective, especially if vaccine uptake in girls and young women is high, given the sexual transmission of HPV infections and expected herd-immunity benefits through female-only vaccination. Recent data on uptake among adolescent girls, however, show less than 50% completion of the three-dose series, suggesting that HPV vaccination of boys may be cost-effective at this time. Furthermore, since the 2009 guidelines were issued, the indications for HPV4 have expanded to include prevention of anal cancers. Routine male HPV vaccination, especially if targeted at an early age, when the vaccines are expected to have highest benefit, would maximize protection for men who have sex with men, a group at high risk for HPV-related cancers that would receive little herd-immunity protection from female-only vaccination.
With respect to meningococcal vaccination, in October 2010, the ACIP decided in a narrow vote to recommend a single booster dose of the quadrivalent meningococcal conjugate vaccine (MCV4) at the age of 16 despite evidence that routine adolescent MCV4 vaccination does not provide good value for money, largely because of low disease incidence rates and relatively high vaccine cost. Since then, the FDA has approved the licensure of one meningococcal vaccine for use in infants and is reviewing the licensing application for another. In considering expanding use to infants, the ACIP will need to contend with evidence that MCV4 vaccination at such young ages, which requires at least two doses, is even less cost-effective than adolescent vaccination.3
The cost-effectiveness of vaccines is influenced by several factors, including vaccine efficacy and durability, severity of disease burden, vaccine price, and delivery-program costs. The meningococcal and HPV vaccines are among the most expensive vaccines on the market, with costs of $82 and $109 per dose, respectively, in the public sector (private-sector costs are 20 to 30% higher).4 With the relatively high costs of new vaccines, the U.S. immunization program is placing an increasing financial strain on the health system. Today, the schedule of recommended routine child and adolescent vaccines includes more than 30 doses against 16 diseases — more than double the number in 1980. The public-sector cost of fully vaccinating one person as recommended through adulthood (not including annual influenza vaccines) is roughly $1,450 for males and $1,800 for females, of which the HPV and meningococcal vaccinations alone account for more than 25% at current prices.
Cost-effectiveness analysis provides information on whether the health gain associated with each new vaccine is worth the cost, as compared with other options for health spending. For example, the VFC program must weigh the cost of covering expensive vaccines against an alternative use of those dollars, such as outreach to improve uptake of other routine vaccines in the eligible population. Indeed, a recent CDC analysis showed that it would be more cost-effective to spend up to the purchase price of the HPV vaccine on improving vaccine uptake among girls than it would be to extend the program to boys.5
As the use of cost-effectiveness information increases, we should consider some important limitations of current analyses. The tendency to evaluate single diseases or interventions in isolation is restrictive. Individual vaccines may appear cost-effective, but the overall U.S. vaccination program may be unaffordable or provide less value than other bundled preventive health services targeting the same age group. Real-world obstacles should also be integrated into analyses; for example, the lack of organized vaccine-delivery mechanisms for older age groups can affect vaccine-uptake rates among adolescents and adults, and shortages in vaccine supply (as experienced with influenza vaccines) can influence cost-effectiveness results. To make cost-effectiveness analysis a more practical tool, analysts should evaluate investments across multiple diseases and interventions and include the influences of nonmonetary constraints. As we confront sobering proposals to cut more than $300 billion in federal health spending over the next decade, public health decision makers will increasingly have to make explicit choices among health investments while keeping a vigilant eye on total expenditures. Identification of high-value health interventions through comparative effectiveness analysis has been prioritized by the new Patient-Centered Outcomes Research Institute. Evidence of cost-effectiveness, if provided in a transparent, standardized, and comprehensive manner, can help to highlight important tradeoffs and contribute to policy recommendations for vaccinations and other health interventions.
Disclosure forms provided by the author are available with the full text of this article at NEJM.org.
This article (10.1056/NEJMp1110539) was published on October 19, 2011, at NEJM.org.

Source Information

From the Center for Health Decision Science, Department of Health Policy and Management, Harvard School of Public Health, Boston.

jueves, 20 de octubre de 2011

la grasa

La grasa tenía un precio

19/10/2011
Casi todas las cruzadas se equivocan de objetivo, de argumento y de método. Es el caso de la ley magra impuesta en Dinamarca y Hungría, países donde se penaliza con impuestos el consumo de grasas saturadas (hamburguesas de McDonald o Burger King, patatas fritas de bolsa, azúcares de refrescos), con el propósito explícito de reducir la tasa de obesidad en la población (el implícito podría ser el recaudatorio). Cuando la necesidad fiscal aprieta, ni la dieta de los gordos se respeta. Antes de que la nómina de vengativos vegetarianos aparcados en los ministerios de Salud de Occidente siga el ejemplo danés y magiar, es imperativo recordar que: 1. Las tasas a la comida basura penalizan a quienes la consumen, que no son las rentas más altas de cada país; 2. Sería más racional bajar los precios de los alimentos sanos, pero eso es más difícil, cualquiera se enfrenta a los intermediarios que encarecen un 300% el precio del tomate que está tranquilo en su mata, y 3. No está demostrado que un recargo a las grasientas hamburguesas, que tanto colocan a Kinsey Milhone (detective de Sue Grafton), tenga efecto sobre su consumo.
El argumento santificador de la tasa grasienta es que el coste médico de un obeso es el 36% más alto que el de un flaco. Acéptese así, pero encárguese a continuación un informe sobre cuánto cuesta atender a enfermos que viven en ciudades como Madrid, donde los habitantes respiran una sopa tóxica, y cárguese el exceso de coste a los responsables de la salud ciudadana en forma de impuesto por negligencia. O calcúlese la incidencia de las úlceras en empleados con jefes incompetentes y grávese a estos últimos. Por no mencionar un gravamen a los consumidores irresponsables de rayos UVA y así sucesivamente. O todos, o ninguno.
Si la razón es médica, resulta más fácil cortar de raíz y perseguir, con potro y estrapada, los pecados capitales que engordan (la gula y la pereza) y subvencionar aquellos que adelgazan, como la lujuria, la envidia y la avaricia (más todavía). Así, sagaces ministros húngaros y daneses, los europeos serán ciudadanos de provecho, de bajo coste sanitario, enjutos y con cara de lagarto Juancho, como cierto expresidente español.
© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200

martes, 18 de octubre de 2011

EVIDENCIAS SOBRE PRESCRIPCION.

Evidencias, competencias y actitudes, a la hora de prescribir

Nos podríamos pasar horas dándole vueltas a las estadísticas del blog, intentando adivinar por qué unos artículos atesoran millares de lecturas y otros muchas menos. Y agradecemos no vivir de la audiencia, ni la publicidad, ya que hemos comprobado en carne propia cómo el arte de adivinar los gustos del lector escapa de nuestro elenco de virtudes, para sumarse al de los defectos. Viene esto a cuento de lo observado con una entrada que, curiosamente, pasó con más pena que gloria en  España y ha tenido gran aceptación en el continente americano. A los interesados en la guía de práctica clínica del NICE de hipertensión, les recordamos que NICE Bites le ha dedicado el último número publicado hasta la fecha. Un impresionante resumen que, en una sola página recoge las recomendaciones más importantes de dicha guía.
En otro orden de cosas, pero sin dejar el NICE, hace algo más de un año dedicamos un post a su guía de insuficiencia cardíaca. Sobre este tema, el National Prescribing Service ha vuelto con un boletín tan breve como claro en sus recomendaciones: IECA en todos los casos de ICC, independientemente de su gravedad (ARA-II como alternativa) determinados beta-bloqueantes (carvedilol, bisoprolol y carvedilol de liberación modificada) añadidos a determinadas dosis y sin perder de vista el start go and go slow para ajustar el tratamiento, como un guante, a las necesidades del paciente. Y los inhibidores de la aldosterona (espironolactona) si el paciente, a pesar del traje a medida, continúa sintomático. El papel de eplerenona continúa siendo conflictivo, ya que como los autores señalan, está recomendada por algunas guías para los pacientes con síntomas leves, a pesar de que la evidencia que respalda esta indicación es discutible -como ya señalamos en un artículo anterior- y es una indicación no autorizada en Australia (y con una condiciones de uso muy limitadas por la ficha técnica en España).
Otros punto interesantes en el tratamiento de estos pacientes son los tratamientos concomitantes con los que hay que tener especial precaución (AINE de cualquier tipo, pioglitazona, corticoides, determinados antiarrítmicos…) y los hábitos de vida que pueden, per se, desencadenar una exacerbación de la enfermedad (sedentarismo, tabaquismo, una dieta inadecuada, una alta ingesta de líquidos…)
Respecto a los ARA-II la polémica no se circunscribe solo a cuándo utilizarlos, sino a cuál utilizar. En relación a este tema, un artículo reciente añade luz sobre el asunto al afirmar, literalmente que hay pocas comparaciones directas entre ARA-II y ninguna ha investigado variables de resultado clínicas importantes. Las indicaciones autorizadas varían, pero no hay evidencia de peso que avale la existencia de diferencias relevantes de eficacia o seguridad. En cualquier caso, es poco probalbe que cualquier diferencia que pudiera existir justifique el coste adicional de una marca de fantasía. Por tanto, cuando se necesite un ARA-II debe prescribirse un genérico barato, como losartán.
Al lector recién llegado a la MBE puede parecerle que en unos casos se hila muy fino a la hora de seleccionar un fármaco y en otros, tanto monta, monta tanto. Pero las recomendaciones, no lo olvidemos, están siempre sometidas al imperio de la evidencia. Estas diferencias no son bien acogidas por algunos facultativos, como nos cuentan en Saludyotrascosasdecomer. ¿Cuestión de actitud y solo de actitud? Para conocer qué competencias subyacen bajo una buena prescripción, os recomendamos, para terminar por hoy, el editorial de Australian Prescriber titulado The right to prescribe: towards core prescribing competencies for all prescriber. En él, sus autores hablan del derecho a prescribir de los profesionales sanitarios no médicos (una realidad ya en España, por cierto) y el núcleo competencial requerido para comprender el proceso de la prescripción. No os perdáis las 4 patas referidas al conocimiento, actitudes y valores sobre las que se sustenta una prescripción segura. Sobre todo esto, no nos contaron nada en nuestras respectivas facultades. Aún así, hay clínicos que lo bordan y otros que, a estas alturas aún anclan su criterio clínico a una determinada marca comercial. ¿Misma actitud? Nos queda claro que no. Aunque bien pensado, para algunos sí. La misma de siempre…

validacion FRAX EN POBLACION ESPAÑOLA

Validación del modelo predictivo de fractura osteoporótica FRAX


RESUMEN

Tebé C, Espallargues M, Estrada MD, Kotzeva A, del Río LM, Di Gregorio S. Validación del modelo predictivo de fractura osteoporótica FRAX; 2011.Informe del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud
[Acceso a informe completo, PDF 172 KB]
Introducción
La osteoporosis es un trastorno del sistema esquelético caracterizado por la pérdida de masa ósea y por el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que predispone al individuo a una mayor fragilidad ósea y una mayor susceptibilidad a las fracturas. La fractura por fragilidad es la principal consecuencia de la osteoporosis. El FRAX es una herramienta de evaluación del riesgo de fractura osteoporótica y de cadera para hombres y mujeres de entre 40 y 90 años. Hasta la fecha no se ha podido realizar la validación de la versión española del FRAX en una cohorte independiente, recomendada incluso por los propios autores del modelo. El objetivo de este estudio ha sido analizar la capacidad predictiva de la versión española del modelo FRAX de predicción de fractura osteoporótica, y de cadera, en una cohorte de mujeres con una densitometría ósea (DO) realizada hace 10 años o más.
Método
Cohorte retrospectiva con seguimiento hasta fractura por fragilidad, de una población de mujeres de entre 40 y 90 años con una primera visita para realizarse una DO anterior a 1999. Para analizar la capacidad predictiva de modelo FRAX de predicción de fractura osteoporótica se seleccionó una muestra aleatoria de mujeres de la cohorte CETIR con una entrevista válida en la visita basal. Fueron contactadas por teléfono para realizarles una encuesta. Para analizar la capacidad predictiva del modelo FRAX de predicción de fractura de cadera se seleccionaron todas las mujeres de la cohorte CETIR con una entrevista válida en la visita basal y con una indicación de DO fruto de una derivación de un médico del Institut Català de la Salut (ICS). Los datos de estas mujeres fueron cruzados con los del conjunto mínimo básico de datos al alta hospitalaria (CMBDH) correspondiente a las pacientes que en el período de 2003 a 2009 hubieran ingresado en un centro hospitalario de agudos con diagnóstico de fractura de fémur. Se realizó un análisis descriptivo de las diferentes muestras. Mediante el modelo FRAX se calculó la probabilidad estimada de fractura osteoporótica en la muestra para tal efecto y la probabilidad estimada de fractura de cadera en la otra muestra. Para analizar la calibración del modelo se calculó la razón entre las fracturas esperadas por el modelo a 10 años y observadas y su intervalo de confi anza (IC) al 95%. La discriminación fue medida mediante el área debajo de la curva ROC (Receiver Operating Characteristic). Se realizó un análisis de sensibilidad replicando los análisis de calibración y discriminación también en diferentes subgrupos de riesgo.
Resultados
El número de mujeres incluidas en el análisis fue 1.231, lo que representa una tasa de respuesta global del 59%. La duración media del seguimiento para las 1.231 mujeres incluidas fue de 9,8 años (DE 2,6), lo que representa un total de 12.016 mujeres-año de seguimiento. La media de edad de las participantes fue de 56,8 años (DE 7,8), de las que un 82% tenía menos de 65 años. Un total de 222 mujeres (18,1%) declararon al menos una fractura por fragilidad en las visitas posteriores a la basal, lo que representa una tasa de 19 fracturas por 1.000 mujeres-año. En global, el modelo FRAX infraestimó las fracturas, siendo el número de fracturas observadas 3,9 (IC 95% 3,4-4,5) veces mayor que las esperadas por el modelo. El estadístico de discriminación no presentó mejores resultados siendo este del 61% (IC 95% 57-65%).
Del conjunto de mujeres de la cohorte CETIR 2.458 cumplían los criterios de inclusión para la validación del modelo predictivo de fractura de cadera. El número de fracturas de cadera en la muestra investigada fue de 30 (1,2%). La duración del seguimiento para las 2.458 mujeres incluidas fue desigual, con una media de 2,5 años de seguimiento (DE 1,1), lo que representa un total de 6.070 mujeres-año de seguimiento. La media de edad de las participantes fue de 59,8 años (DE 9,1), de las que un 69% tenía menos de 65 años. El modelo estima correctamente el número de fracturas observadas (O/E 0,8 IC 95% 0,6-1,2). El estadístico de discriminación presentó un valor satisfactorio del 78% (IC 95% 69-88%).
Conclusiones
La capacidad predictiva del modelo FRAX para España es desigual en función del tipo de fractura predicha y de los factores de riesgo presentes en la paciente. Así, para fracturas osteoporóticas (antebrazo, húmero, cadera y vertebral) el modelo parece infraestimar el riesgo de fractura, de forma más pronunciada en las mujeres con un riesgo más bajo. Por otro lado, para la fractura de cadera el modelo parece estimar correctamente el número de fracturas observadas en esta cohorte, aunque el número de eventos identifi cados ha sido reducido y este punto podría estar condicionado en el resultado.

domingo, 16 de octubre de 2011

PSA EN BORINOT

Se recomienda no solicitar la PSA en varones asintomáticos en USA

Se recomienda no solicitar la PSA en varones asintomáticos en USA
Haciéndose eco el The Cancer Letter de las resoluciones de la U.S. Preventive Services Task Force –USPSTF- con respecto a la PSA- prostatespecific antigen test-, y recogidas por Annals of Internal Medicine , Medscape, y el New York Times, se nos plantea este el sugerente título de “From "I" to "D" — As In "Don't Do It" de no utilizar este test en pacientes asintomáticos por debajo de los 75 años, y a partir en este momento en todos los varones, pues no aporta beneficios – no salva vidas- y si produce daños evidentes por los tratamientos aplicados para tratar el cáncer de próstata –impotencia, incontinencia urinaria y disfunción intestinal. Lo de la letra “D” tiene que ver con las recomendaciones en base a la evidencia que nos dicen que “hay un moderada o alta certeza de que el prueba no tiene beneficios netos y que los daños superan a los beneficios”, según la USPSTF. Los críticos a esta postura plantean que los argumentos de política sanitaria esgrimidos son los mismos que se utilizaron en el 2009 para dar las directrices con respecto a la recomendación de no realizar las mamografías rutinariamente en mujeres asintomáticas por debajo de los 50 años y que plantearon distintas discusiones dentro esta institución. Sin embargo, estas recomendaciones se basan la revisión de 5 ECAs sobre cribaje, 3 ensayos y 23 cohortes sobre tratamientos, incluyendo los ya comentados en este blog en alguna ocasión. Un tema que creemos no está cerrado y que dará que hablar.

The Cancer Letter • Oct. 7, 2011 Vol. 37 No. 37 • Page 2

NUEVOS RETOS

  1. VALCRONIC
  2. CONGRESOS ESTATINAS
  3. FORMACION DE RESIDENTES Y SESIONES
  4. INDICADORES DE GESTION Y DE FARMACIA
  5. VOLVER A IMPLEMENTAR PAIPP Y SUS PAC.